Aunque ambas partes coinciden en la necesidad de renegociar el contrato, las posiciones parecen estar en extremos opuestos: mientras la empresa sostiene que las conversaciones se encuentran prácticamente congeladas, desde el oficialismo aseguran exactamente lo contrario.
El Gobierno incluso endureció su postura y advierte que el incumplimiento de las inversiones comprometidas podría derivar en sanciones y, en un escenario extremo, hasta en la finalización del vínculo.
En el centro de la discusión aparecen desembolsos por más de US$ 600 millones destinados a obras de infraestructura aeroportuaria.
Una negociación de enorme impacto económico que, lejos de estar cerrada, atraviesa horas decisivas.
