Unión por la Patria consiguió respaldos de distintos bloques y evitó que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ocupen su lugar en el máximo tribunal.
El decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema forzó una votación en el Senado para tomar definiciones que todavía son susceptibles a intervención judicial. Las coincidencias entre el peronismo y el PRO, además de aportes de la UCR y de exlibertarios, posibilitaron el rechazo de ambos pliegos y dejan vacantes dos lugares en el máximo tribunal nacional.
La designación de Ariel Lijo contó con el respaldo de 27 senadores, el rechazo de 43 y la abstención de 1 (del libertario Juan Carlos Pagotto). Por su parte, la votación de Manuel García-Mansilla resultó 20 a favor y 51 en contra. La chubutense Edith Terenzi (Las Provincias Unidas) fue la única ausente. Ambos magistrados necesitaban dos tercios del recinto, por lo que no fueron ratificados por la Cámara alta.
Pablo Blanco (UCR) fue el primero en dar quórum, anticipando su rechazo a los dos jueces junto con su compañero de bancada, Martín Lousteau. Dentro del PRO respaldaron este postura Alfredo De Ángeli, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri; además del oficialista desterrado Francisco Paoltroni. El principal número lo aportó Unión por la Patria, pero su bloque se fragmentó a la hora de definir el pliego de Ariel Lijo.
Persisten los interrogantes en el caso de Manuel García-Mansilla y se desconoce su futuro como miembro de la Corte Suprema, dado que los demás jueces ya le tomaron juramento. Aquí colisionan dos corrientes constitucionalistas: una de ellas sostiene que como ya fue designado en comisión solo podría ser desplazado de su lugar a través de un juicio político, mientras que otra asegura que con el rechazo del Senado deja de ser juez automáticamente.
