El gobierno de Javier Milei volvió a asestar un duro golpe a las provincias, esta vez a través de una decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que reconfigura el esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias y del IVA, dos tributos clave para la coparticipación. La medida reduce drásticamente los ingresos de junio y desestructura por completo la planificación financiera de los gobiernos provinciales, incluso de aquellos que hasta ahora se mostraban aliados del oficialismo.
Lejos de la tan promocionada «baja de impuestos», el recorte solo afecta a los recursos que deben repartirse entre Nación y provincias. Mientras se eliminan o reducen cargas coparticipables, los tributos exclusivamente nacionales como el impuesto al cheque, los combustibles o las retenciones agrícolas se mantienen intactos. Los gobernadores denuncian que la estrategia fiscal de Milei busca disciplinarlos mediante el ahogo económico, sin asumir costos políticos ni financieros a nivel nacional.
La preocupación se extiende más allá de lo técnico. Desde distintas jurisdicciones advierten que la concentración impositiva en manos del gobierno central y la caída real del 12% en los ingresos coparticipables comprometen seriamente servicios esenciales como salud, educación y transporte. Lejos de un federalismo genuino, Milei parece avanzar hacia un modelo de sometimiento económico bajo el disfraz del orden fiscal.
