La defensa de la ex presidenta reclamó que se le permita recibir a quien desee sin autorización judicial, pero los jueces lo negaron.
El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó el pedido presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para recibir visitas sin restricciones en su departamento, donde cumple su prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. En cambio, el tribunal autorizó el ingreso sin autorización judicial previa de un listado limitado de personas, cuya identidad se mantiene bajo reserva.
La solicitud había sido presentada por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, quien además reclamó confidencialidad sobre la nómina entregada a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. De acuerdo con la información disponible, la lista incluye familiares, abogados, médicos y personal de custodia, aunque no se difundieron los nombres.
En la resolución, a la que accedió el portal Infobae, los magistrados consideraron que el planteo de la defensa no logró desvirtuar los argumentos previamente esgrimidos por el tribunal. Por ello, resolvieron mantener las restricciones vigentes. Desde el entorno de Fernández de Kirchner anticiparon que apelarán la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El argumento de la defensa
La defensa de la exmandataria sostiene que el régimen de visitas impuesto por el tribunal representa una vulneración a sus derechos civiles. “Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, tal como se deriva del principio de reserva que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional”, afirmó Beraldi en su presentación.
En esa misma línea, consideró que los jueces no tienen potestad para imponer normas de conducta adicionales a quienes cumplen arresto domiciliario, más allá del cumplimiento efectivo de la privación de la libertad.
Cristina Kirchner también se expresó públicamente sobre el tema a través de sus redes sociales. Allí calificó el régimen como “un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie”, y sostuvo que se trata de una medida “violatoria de mis más elementales derechos civiles”.
