Con un fallo dividido, la Sala IV hizo lugar al planteo de la defensa del ex presidente y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento. La discusión gira en torno a presuntas irregularidades en contratos con Nación Seguros.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles el procesamiento de Alberto Fernández en la causa conocida como Seguros, donde se investigan presuntas irregularidades en contratos entre organismos públicos y Nación Seguros durante su gestión presidencial.
La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia.
De esta manera, se dejó sin efecto la confirmación del procesamiento por corrupción que había dictado la Cámara Federal y se ordenó que ese tribunal emita un nuevo fallo.
De qué se acusa al ex presidente Alberto Fernández
Fernández está imputado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dentro de una investigación que analiza un presunto esquema de direccionamiento de contratos de seguros estatales.
La causa apunta a un decreto firmado durante su mandato, la intervención de brokers privados, comisiones millonarias y una presunta estructura que habría beneficiado a determinados intermediarios vinculados al poder.
Según consta en la acusación judicial, el monto total de las comisiones pagadas a intermediarios en contratos entre organismos públicos y Nación Seguros alcanzó los 3.364 millones de pesos. Uno de los principales señalados es Héctor Martínez Sosa, broker y amigo personal del ex mandatario, quien habría concentrado el 59,6% de las comisiones pagadas.
Además, el expediente incluye 45 contratos, 25 intermediarios y el análisis de una cooperativa que habría funcionado como financiera dentro del esquema investigado
Por qué Casación revisó el procesamiento
La defensa de Alberto Fernández había presentado un recurso para pedir la nulidad de las acusaciones, argumentando que se había vulnerado su derecho de defensa y el debido proceso. Entre los planteos, señaló que no se escuchó a dos testigos propuestos por la defensa: la ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y el ex canciller Santiago Cafiero.
El fiscal de Cámara, José Luis Aguero Iturbe, también había considerado que correspondía revisar esa situación antes de confirmar el procesamiento.
Para Borinsky y Carbajo, la Cámara Federal resolvió “en exceso” de lo pedido por la acusación, ya que tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
Borinsky sostuvo que esa decisión afectó “el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso”, por lo que correspondía anular la resolución anterior.
