{"id":7888,"date":"2026-01-14T16:04:38","date_gmt":"2026-01-14T16:04:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pasahoy.com.ar\/ph\/?p=7888"},"modified":"2026-01-14T16:04:51","modified_gmt":"2026-01-14T16:04:51","slug":"denuncias-sin-pruebas-y-posibles-delitos-la-justicia-pone-limites-a-una-practica-reiterada-de-sectores-ligados-a-la-libertad-avanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pasahoy.com.ar\/ph\/denuncias-sin-pruebas-y-posibles-delitos-la-justicia-pone-limites-a-una-practica-reiterada-de-sectores-ligados-a-la-libertad-avanza\/","title":{"rendered":"Denuncias sin pruebas y posibles delitos: la Justicia pone l\u00edmites a una pr\u00e1ctica reiterada de sectores ligados a La Libertad Avanza"},"content":{"rendered":"\n

La intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal de La Rioja frente a las acusaciones medi\u00e1ticas contra el padre David Scalzo no solo constituye una respuesta a un caso puntual, sino que fija una posici\u00f3n institucional de fondo: la denuncia p\u00fablica sin pruebas, el hostigamiento y la difamaci\u00f3n no est\u00e1n amparados por la ley y pueden configurar delitos penales. La advertencia judicial cobra especial relevancia en un contexto donde este tipo de pr\u00e1cticas se han vuelto reiteradas, particularmente impulsadas desde sectores vinculados a La Libertad Avanza.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El fiscal general de la provincia, Javier Vallejos, fue contundente al se\u00f1alar que no existe ninguna denuncia formal ni registro de hechos de abuso sexual contra el sacerdote, y que las imputaciones conocidas surgieron exclusivamente de publicaciones medi\u00e1ticas y en redes sociales, realizadas por un particular. Frente a esa situaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico Fiscal actu\u00f3 de inmediato y solicit\u00f3 a la jueza interviniente medidas concretas, entre ellas el cese del hostigamiento, la baja de las publicaciones y la notificaci\u00f3n formal al autor de las acusaciones.
Desde el punto de vista legal, el mensaje es claro y deliberado. Vallejos explic\u00f3 que, una vez notificada una persona por orden judicial, la reiteraci\u00f3n de conductas prohibidas constituye el delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el C\u00f3digo Penal. Es decir, no se trata de una advertencia ret\u00f3rica: persistir en la difusi\u00f3n de acusaciones luego de una orden judicial configura una conducta penalmente reprochable.
Pero el marco normativo va a\u00fan m\u00e1s all\u00e1. El propio fiscal general advirti\u00f3 que, si las imputaciones realizadas carecen de sustento f\u00e1ctico y probatorio, la conducta podr\u00eda encuadrarse tambi\u00e9n en el delito de falsa denuncia, otro tipo penal expresamente previsto por la legislaci\u00f3n argentina. En este punto, la Justicia no solo analiza el da\u00f1o causado a la persona denunciada, sino la responsabilidad de quien utiliza la acusaci\u00f3n p\u00fablica como herramienta de presi\u00f3n, escarnio o disciplinamiento.
La definici\u00f3n institucional apunta a un principio b\u00e1sico del Estado de Derecho: la denuncia es un acto jur\u00eddico serio, no un recurso discursivo ni una herramienta pol\u00edtica. El ordenamiento legal argentino habilita a cualquier ciudadano a denunciar hechos presuntamente delictivos, pero exige que ese acto se realice ante la autoridad competente, por los canales formales y con un m\u00ednimo de responsabilidad. Las redes sociales, los medios de comunicaci\u00f3n o el escrache p\u00fablico no sustituyen al proceso judicial, y su uso indebido puede generar consecuencias penales.<\/p>\n\n\n\n

Una pr\u00e1ctica constante y malintencionada de LLA<\/em>
Este se\u00f1alamiento adquiere mayor peso si se lo inscribe en el contexto pol\u00edtico nacional. En los \u00faltimos a\u00f1os, y con mayor intensidad desde la irrupci\u00f3n de La Libertad Avanza, se ha consolidado una pr\u00e1ctica consistente en instalar acusaciones graves sin pruebas, amplificadas por militantes digitales, influencers y referentes pol\u00edticos, que luego no se sostienen en sede judicial. El da\u00f1o, sin embargo, ya est\u00e1 hecho: reputaciones afectadas, personas expuestas al hostigamiento y una degradaci\u00f3n general del debate p\u00fablico.
Lo que la Justicia de La Rioja deja en claro es que esa l\u00f3gica no puede naturalizarse. La libertad de expresi\u00f3n, principio fundamental del sistema democr\u00e1tico, no habilita la difamaci\u00f3n ni la imputaci\u00f3n delictiva irresponsable. Cuando se cruzan esos l\u00edmites, el orden jur\u00eddico prev\u00e9 sanciones, precisamente para proteger a las personas y al propio sistema institucional.
La r\u00e1pida intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal, con la participaci\u00f3n directa del fiscal general y de fiscales especializados, busca adem\u00e1s evitar un precedente peligroso: que la acusaci\u00f3n medi\u00e1tica sustituya al debido proceso. En ese sentido, el accionar judicial no solo protege al sacerdote involucrado, sino que resguarda el principio de legalidad y el funcionamiento regular de la Justicia.
El mensaje final es inequ\u00edvoco y de alcance general: toda conducta irresponsable en materia de denuncias p\u00fablicas debe tener consecuencias legales. Acusar sin pruebas no es una forma de participaci\u00f3n pol\u00edtica ni un ejercicio leg\u00edtimo de opini\u00f3n; es una conducta que puede configurar delitos y que, como tal, debe ser investigada y sancionada. En tiempos de judicializaci\u00f3n medi\u00e1tica y violencia simb\u00f3lica, que la Justicia marque l\u00edmites no es censura: es Estado de Derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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