El agente Cristian Miguel Rivaldi fue confirmado como presunto autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves por la Cámara Criminal y Correccional Nº 1.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional N°1 confirmó el procesamiento del agente de la Policía Federal, Cristian Miguel Rivaldi, quien en septiembre del año pasado gaseó a una niña de 11 años durante la protesta contra el veto presidencial al incremento de las jubilaciones convalidado por el Congreso. El tribunal de alzada rebatió los argumentos de la defensa de Rivaldi, que ya habían sido rechazados en primera instancia, pero ordenó al juez Sebastián Ramos ampliar las medidas probatorias, lo que demorará la elevación a juicio.
De esta manera, mientras el presidente Javier Milei amenaza con volver a vetar la ley de recomposición de los haberes jubilatorios, el Poder Judicial aún demora llevar a juicio oral al oficial de la Policía Federal que participó de la represión de aquel 11 de septiembre, que dejó más de 50 heridos, entre ellos la niña Fabrizia Pegoraro.
Con la firma de los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se rechazó el sobreseimiento y confirmó la figura de «autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves». Además, los camaristas indicaron que «los argumentos expresados por la defensa son incapaces de rebatir las razones» expresadas por el juez Ramos en primera instancia, cuando resolvió el procesamiento en mayo.
Respecto del proceder de Rivaldi durante la represión confirmaron que «el uso del disuasivo fue desproporcionado, injustificado y violatorio de los protocolos específicos» que rigen el accionar de las fuerzas federales ante manifestaciones públicas.
De todas maneras, la Sala I le ordenó al juez Ramos que «más allá de la solidez del cuadro indiciario que sustenta la decisión criticada, corresponde encomendar que evalúe la realización de las medidas de prueba propuestas por la defensa«. En su apelación, Rivaldi solicitó ampliar el análisis técnico sobre otros registros fílmicos y ordenar una pericia sobre el funcionamiento del gas lacrimógeno.
La apelación del policía de la Federal –cuyo accionar intentó ser encubierto por una operación de la ministra Patricia Bullrich— tampoco logró sortear el embargo fijado por el juez Ramos al considerar que se trata de «una medida precautoria tiene como fin garantizar en medida suficiente una eventual pena pecuniaria, las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes».
Descartaron los argumentos de Rivaldi
En su resolución, los camaristas descartaron los argumentos de Rivaldi respecto de «una valoración sesgada» del material fílmico aportado, la insistencia sobre que el gas podría haber sido lanzado por los manifestantes y que las excusas respecto de «el contexto operativo, el clima de violencia, el cumplimiento de órdenes y la imposibilidad de advertir la presencia de una menor». Lo mismo que había dado en su indagatoria ante el fiscal Eduardo Taiano, en abril pasado.
