La denuncia, a la que accedió TN, solicita evaluar si la estructura corporativa montada para financiar y ejecutar el proyecto Sea Lion encuadra en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. También pidió embargos preventivos, inhibiciones de bienes y decomiso de los equipos.
El Gobierno denunció a las empresas que buscan extraer petróleo en las Islas Malvinas sin autorización ni concesión del Estado argentino. Según el escrito de 19 páginas, al que tuvo acceso TN, la demanda incluye a “directores, administradores, representantes, gerentes o intermediarios de las empresas involucradas que hayan tomado decisiones o participado en la ejecución de los hechos”. Y pide evaluar si la estructura corporativa montada para financiar y ejecutar el proyecto Sea Lion encuadra en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
La presentación apunta directamente contra las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, su controlante Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acusación no solo abarca a las estructuras corporativas, sino también a sus directivos y administradores, por incurrir en las figuras penales previstas en la Ley 26.659 de protección de la plataforma continental. La norma reprime con penas de hasta 15 años de prisión las tareas de exploración y extracción hidrocarburífera no autorizadas en aguas de jurisdicción argentina.
El Gobierno pide evaluar si la estructura corporativa montada para financiar y ejecutar el proyecto Sea Lion encuadra en los delitos de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) y lavado de activos (artículos 303 y 304).
De confirmarse la tipificación de esos delitos, la causa sumaría un impacto directo sobre la operatividad global de las compañías implicadas: habilitaría el rastreo de fondos en el exterior mediante asistencia jurídica mutua internacional y agravaría significativamente las penas probables para los directivos y apoderados de las firmas denunciadas.
La denuncia penal fue presentada a las 21.22 del lunes ante la Justicia Federal por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
El detonante fue el reciente anuncio de las propias compañías, que informaron haber alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID). El presidente Javier Milei aprovechó las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición “neutral” de los Estados Unidos sobre el litigio de la Argentina con el Reino Unido sobre las Malvinas.
El plan contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de almacenamiento y descarga (FPSO) con la meta de extraer comercialmente el primer barril de petróleo (First Oil) en 2028.
Para la Cancillería, la puesta en marcha de esta infraestructura en áreas sobre las que la Argentina ejerce derechos soberanos consolida un avance ilícito sobre los recursos naturales del país.
