Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto a instituciones, organizaciones y referentes del sector, avanzaron en una posición común frente a los cambios propuestos sobre la Ley 26.657. La Provincia ratificó la defensa de un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral y basado en derechos, y anunció la conformación del Consejo Provincial de Salud Mental y la realización de un encuentro provincial.
La Provincia ratificó su defensa de la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657 y manifestó su rechazo a la propuesta de modificación impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que los cambios planteados implicarían un retroceso respecto del modelo de atención comunitario, interdisciplinario e integral establecido por la normativa vigente.
La posición fue expresada durante una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud, que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, colegios profesionales, asociaciones, instituciones, organizaciones y referentes vinculados a la salud mental.
El encuentro tuvo como objetivo analizar los cambios propuestos a nivel nacional y avanzar en la construcción de un documento conjunto que exprese la posición de La Rioja en defensa de la Ley 26.657, incorporando las distintas perspectivas institucionales, profesionales y comunitarias.
“Estamos en absoluto desacuerdo con esta reforma”
Durante la jornada, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, expresó la posición provincial y advirtió sobre las consecuencias que, a criterio de las autoridades sanitarias riojanas, implicarían las modificaciones propuestas.
“Estamos en absoluto desacuerdo con esta reforma”, afirmó, y sostuvo que La Rioja defiende “otra forma de ver el tratamiento integral de los padecimientos de salud mental”.
Vergara remarcó la importancia de preservar un abordaje comunitario e interdisciplinario y cuestionó además la ausencia de previsiones vinculadas al financiamiento en la propuesta de modificación.
“Para nosotros es fundamental trabajar en conjunto las provincias con la Nación para hacer un abordaje integral, completo, de esta problemática tan importante y compleja como es la salud mental”, sostuvo.
En ese marco, el Ministro anticipó además la realización de un encuentro provincial de salud mental y la conformación del Consejo Provincial de Salud Mental, como espacios destinados a profundizar la participación, la articulación institucional y la planificación de políticas públicas.
La defensa de un modelo basado en derechos
El director de Salud Mental, Sebastián Barrionuevo, advirtió que la modificación propuesta a nivel nacional implica “un cambio en el paradigma respecto de cómo vemos hoy la salud mental” y consideró que representa “un retroceso”.
Frente a ese planteo, defendió los principios de la Ley 26.657, particularmente su perspectiva de derechos humanos, la consideración de las particularidades de cada persona y el abordaje mediante equipos interdisciplinarios.
Barrionuevo explicó que uno de los resultados de la mesa será la elaboración de un pronunciamiento común. “La idea es poder generar un documento conjunto entre las diferentes miradas que hoy nos hemos convocado: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la provincia, y poder plantear un documento donde esté clara la posición de la provincia en favor de la Ley 26.657 y en contra de la modificatoria de esta ley”, señaló.
Acompañamiento desde el Congreso
El diputado nacional Sergio Casas confirmó que, junto a otros legisladores riojanos, acompaña el proyecto de emergencia de la salud mental, al que definió como una iniciativa destinada a “poner un freno” al intento de reforma.
Casas cuestionó que la propuesta nacional reduzca, desde su perspectiva, la dimensión humana del abordaje y el papel del Estado en la protección y asistencia de las personas que atraviesan padecimientos de salud mental.
“Nadie puede decir ‘yo no tengo un problema de salud mental’”, afirmó, al señalar que las situaciones de apremio, estrés y preocupación atraviesan al conjunto de la sociedad. En ese sentido, destacó la necesidad de continuar articulando acciones entre el Ministerio de Salud, la Defensoría y las distintas instituciones involucradas.
“El aporte más importante es no soltar a quien está padeciendo”
Por su parte, el defensor general de la Provincia, Gastón Mercado Luna, sostuvo que la salud mental “marca una trazabilidad de que es un problema de todos” y planteó la necesidad de superar las miradas que históricamente asociaron los padecimientos de salud mental con el aislamiento y la exclusión.
Destacó la importancia de construir una perspectiva más amplia y comprensiva y sostuvo que las instituciones y la sociedad deben asumir “un compromiso distinto”, en el que la empatía y la solidaridad ocupen un lugar central.
Respecto del debate legislativo, indicó que desde la Defensoría ya se realizaron aportes técnicos y jurídicos, aunque remarcó que “el aporte más importante es no soltar a aquel que está padeciendo y que no lo vemos”.
Un abordaje comunitario e intersectorial
La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano destacó la participación de distintos actores sociales e institucionales y defendió la necesidad de sostener un abordaje interdisciplinario e intersectorial.
En ese marco, valoró el trabajo comunitario desarrollado desde el municipio y señaló que la complejidad de la salud mental requiere la participación y articulación de distintas disciplinas e instituciones. “Estamos todos acá para poder resistir y poder defender esta ley”, sostuvo.
La mesa principal estuvo integrada por el ministro Juan Carlos Vergara; el defensor general Gastón Mercado Luna; el diputado nacional Sergio Casas; la coordinadora de la Unidad del Plan Provincial de Salud, Romina Cuello; los secretarios Délfor Brizuela, de Derechos Humanos; Luz Santangelo, de Comunicación y Planificación; y Juliana Juárez, de Gestión de Servicios de Salud; la subsecretaria de Ciclos de Vida y Objetivos Sanitarios Priorizados, Eliana Alem; el director de Salud Mental, Sebastián Barrionuevo; y los diputados provinciales Lourdes Ortiz y Raúl Cabral, entre otras autoridades.
También participaron representantes de colegios profesionales, asociaciones e instituciones vinculadas a la salud mental, referentes sociales, directores de hospitales y público en general.
La convocatoria permitió avanzar hacia una posición institucional amplia de La Rioja en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, al tiempo que abrió nuevas instancias provinciales de participación y articulación para profundizar una política basada en derechos, con abordaje comunitario, interdisciplinario e intersectorial.
